Guadalupe Taddei anunció que presentaría este lunes 26 de octubre su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que investigaciones periodísticas revelaran presuntas irregularidades en contratos con proveedores y posibles conflictos de interés dentro del organismo encargado de organizar las elecciones en México. La decisión fue comunicada el domingo mediante un mensaje difundido por el instituto.
Los señalamientos incluyen adjudicaciones a empresas proveedoras de materiales electorales presuntamente relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Reportes periodísticos sitúan en alrededor de 514 millones de pesos el monto de contratos examinados. Esa cifra corresponde a contrataciones señaladas, no a recursos cuyo desvío o robo haya sido acreditado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio ante indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera también indaga operaciones relacionadas con los señalamientos, de acuerdo con reportes de prensa. Corresponde a las autoridades determinar si hubo actos ilícitos y establecer responsabilidades.
La controversia se intensificó tras la difusión de imágenes de encuentros sociales entre Taddei y personas relacionadas con proveedores. La funcionaria sostuvo que las versiones difundidas debían verificarse por las vías institucionales y que no correspondía anticipar conclusiones. Al anunciar su salida, afirmó que buscaba proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del INE.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión y pidió esclarecer las posibles irregularidades. La salida abre un proceso de relevo: el Consejo General deberá resolver la conducción provisional y la Cámara de Diputados designará a la nueva presidencia conforme al procedimiento legal.
El caso estalla durante el proceso electoral federal 2026-2027. El INE tiene aprobado para 2026 un presupuesto de 21,837 millones de pesos, de los cuales 7,737 millones corresponden al financiamiento público de partidos y cerca de 14,100 millones a operación y proyectos institucionales, según el Diario Oficial de la Federación. Esos montos presupuestarios no deben confundirse con los contratos investigados.
