Una cámara corporal no sirve de mucho si permanece apagada cuando ocurre un incidente grave. Esa es la falla de supervisión que una auditoría federal acaba de poner bajo la lupa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó recomendar controles adicionales, como la activación automática de cámaras de agentes de ICE, pese a las advertencias de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).
La recomendación no era un capricho tecnológico. La GAO señaló que activar automáticamente las cámaras en determinadas circunstancias —por ejemplo, cuando se desenfunda un arma o se encienden luces de emergencia— ayudaría a documentar encuentros críticos. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), otra agencia del mismo departamento, ya utiliza mecanismos de esa naturaleza.
¿Quién vigila al agente cuando no hay video?
Según el informe difundido públicamente el 14 de octubre, ICE carece de controles automatizados que permitan asegurar que sus agentes activen las cámaras cuando la política lo exige. La supervisión depende en parte de los propios agentes y de sus superiores. La GAO advierte que esa situación puede dejar vacíos de evidencia y dificultar las investigaciones.
La cifra que retrata el problema disciplinario también merece atención: desde el inicio de estos programas y hasta septiembre de 2025, ICE no había emitido ninguna reprimenda escrita por incumplimientos de sus políticas de cámaras, de acuerdo con los datos que la agencia proporcionó a la GAO. Eso no demuestra que no hayan ocurrido incumplimientos; muestra los límites de la respuesta disciplinaria documentada.
Una decisión política con consecuencias
El DHS alegó riesgos operativos y de privacidad: activaciones accidentales podrían registrar conversaciones sensibles con informantes o víctimas, o captar a personas que ejercen derechos protegidos por la Primera Enmienda. Pero la GAO observó que la respuesta oficial no identificó entornos en los que sí pudiera funcionar la activación automática ni propuso controles alternativos equivalentes.
El contraste es difícil de ignorar: si CBP puede usar activaciones automáticas en ciertos escenarios, ¿por qué ICE rechaza una medida semejante sin presentar una alternativa capaz de cerrar el mismo vacío de supervisión?
El informe registró aproximadamente 4,800 cámaras desplegadas por ICE hasta abril de 2026 y 11,500 por CBP hasta junio de 2026. Tener equipos, sin embargo, no equivale a garantizar grabaciones de los momentos en que más se necesitan.
El DHS aceptó seis de las siete recomendaciones de la GAO. Rechazó precisamente la que pedía a ICE controles adicionales para asegurar la activación de las cámaras. Mientras aumentan las exigencias de transparencia en los operativos migratorios, esa negativa plantea una pregunta que las autoridades deben responder: cuando hay uso de fuerza y no existe video, ¿cómo se comprueba de manera independiente lo que ocurrió?
Fuentes: GAO, informe GAO-26-108157, difundido el 14 de octubre de 2026; Reuters, 15 de octubre de 2026.
