Un juez federal de Rhode Island declaró ilegales las condiciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump para obligar a estados a cooperar con autoridades migratorias a cambio de determinadas subvenciones de seguridad pública. La resolución, anunciada el 4 de noviembre de 2026, favorece a una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia que demandó al Departamento de Justicia.
El juez John J. McConnell Jr. prohibió aplicar esas condiciones a dos programas de subvenciones relacionados con intervenciones ante situaciones de crisis y justicia juvenil. Entre las exigencias impugnadas figuraban permitir acceso de autoridades migratorias a personas detenidas y notificar al Departamento de Seguridad Nacional cuando fueran liberadas. El tribunal concluyó que el gobierno federal carecía de autoridad para agregar esos requisitos a los programas establecidos por el Congreso.
Houston también enfrentó presiones por cooperación migratoria
La decisión ocurre mientras Houston enfrenta una controversia distinta sobre cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó anteriormente con retirar fondos estatales de seguridad pública por restricciones municipales a esa cooperación.
El 6 de noviembre, el alcalde John Whitmire firmó una orden ejecutiva que limita los contactos de la Policía de Houston con ICE durante infracciones menores sin arresto. Aunque ambos asuntos se relacionan con la cooperación migratoria, el fallo de Rhode Island no anula las leyes de Texas ni resuelve la controversia de Houston. Texas no participó en esta demanda.
El alcance del fallo federal
La demanda, encabezada por Nueva Jersey junto con otros estados, cuestionó la facultad del Poder Ejecutivo para imponer condiciones migratorias a recursos autorizados por el Congreso para fines específicos. El fallo limita las condiciones aplicables a los dos programas examinados, pero no prohíbe las operaciones de ICE ni toda colaboración entre autoridades.
En otras jurisdicciones también existen controversias sobre restricciones federales a subvenciones, aunque sus fundamentos y alcances jurídicos no son idénticos. La disputa sigue planteando hasta dónde puede llegar el gobierno al vincular recursos públicos con sus políticas migratorias.
Fuente primaria: Fiscalía General de Nueva Jersey.
