Sin demostrar que el fraude sea mayor en esos territorios, el presidente ofrece dinero para denunciar irregularidades en programas sociales y beneficios federales.
Sin presentar cifras que demuestren que el fraude sea mayor en los estados demócratas, Donald Trump lanzó este martes un programa federal que ofrece dinero a quienes denuncien irregularidades contra el gobierno. La iniciativa convierte a ciudadanos en informantes pagados y dirige desde el comienzo la sospecha hacia los territorios gobernados por sus adversarios políticos.
El Fraud Whistleblower Incentive Program, conocido como WHIP, contará con 25 millones de dólares y entregará entre 10,000 y 30,000 dólares por información que origine cargos criminales. Abarca posibles fraudes en Medicare, vivienda, desempleo, ayuda estudiantil, programas para veteranos y beneficios alimentarios como SNAP, conocidos como food stamps.
Trump aseguró que esos delitos ocurren principalmente en estados demócratas. Señaló a California, Minnesota y Maine, y afirmó que en zonas republicanas el fraude es “tremendamente menor”, pero no mostró auditorías, estadísticas ni estudios que respalden esa diferencia. Desde abril había ordenado concentrar el operativo especialmente en California, Illinois, Minnesota, Maine y Nueva York, todos gobernados por demócratas.
Ahí es donde una campaña legítima contra el fraude cruza la línea hacia la persecución partidista: primero se decide quiénes son los sospechosos y después se ofrece dinero para encontrar acusaciones contra ellos. Una denuncia no es una prueba y la presentación de cargos tampoco equivale a una condena, pero ambas pueden utilizarse para justificar investigaciones, congelar recursos y presentar públicamente a comunidades enteras como corruptas.
Estados Unidos ya contaba con programas que recompensan a denunciantes de fraudes fiscales, corporativos y financieros. Lo nuevo no es pagar por información, sino hacerlo desde las primeras etapas de un proceso y envolver la iniciativa en un discurso que señala anticipadamente a estados demócratas y a programas utilizados principalmente por familias de bajos ingresos.
Combatir el robo de dinero público es responsabilidad de cualquier gobierno. Seleccionar los objetivos por su afiliación política es otra cosa. Si Trump posee pruebas de que los estados demócratas concentran más fraude, debería presentarlas; mientras no lo haga, WHIP parece menos una estrategia imparcial de justicia que una red federal de informantes al servicio de una ofensiva política.
