La reunión entre el expresidente Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele abrió una nueva polémica en torno a la política migratoria y penal de Estados Unidos. El tema central del encuentro: la posibilidad de enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a cumplir sus penas en El Salvador, específicamente en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Trump presentó la propuesta como una solución al hacinamiento en cárceles estadounidenses y como una forma de “castigo ejemplar” para los criminales más peligrosos. Bukele, en un tono que muchos consideraron complaciente, respondió: “Tenemos espacio y voluntad para seguir colaborando con Estados Unidos. La CECOT está lista”.
Un acuerdo sin precedentes
Aunque no firmaron un acuerdo formal, fuentes cercanas a la reunión informaron a The Times que ambos líderes “exploran seriamente” un modelo de cooperación carcelaria sin precedentes en la región. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido declaraciones oficiales, pero medios como Time y The Guardian confirmaron que la administración Trump ya destinó $6 millones al gobierno salvadoreño para cubrir costos asociados al albergue de migrantes deportados, incluidos aquellos sin historial criminal.
El caso Kilmar: ¿precedente peligroso?
El interés de Trump por El Salvador aumentó después del caso de Kilmar Abrego García, un residente legal en Maryland que fue deportado por error y trasladado a la megacárcel salvadoreña. A pesar de que la Corte Suprema de EE. UU. ordenó su repatriación inmediata, ni Bukele ni Trump facilitaron su regreso. El caso generó críticas de organizaciones de derechos humanos por violaciones al debido proceso.
“El caso de Kilmar representa un precedente nefasto. Si un ciudadano puede ser enviado a una prisión extranjera sin juicio justo, ¿qué garantías quedan para el resto?”, advirtió la abogada penalista Cecilia Ramos, experta en derecho migratorio.
Riesgos constitucionales
Diversos juristas señalaron que esta medida viola la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. También advirtieron sobre la ilegalidad de transferir ciudadanos estadounidenses a cárceles extranjeras sin un tratado bilateral aprobado por el Congreso.
“El sistema judicial estadounidense cuenta con mecanismos para procesar a sus propios ciudadanos. Delegar el castigo a otro país equivale a externalizar la justicia y abre la puerta a abusos inimaginables”, afirmó el profesor Michael S. Feinberg, de la Universidad de Georgetown.
¿Modelo Bukele made in USA?
La admiración de Trump por la política de “mano dura” de Bukele no es nueva. Durante su primer mandato, buscó acuerdos migratorios con El Salvador, Guatemala y Honduras para establecer “terceros países seguros”. Ahora, con miras a una posible candidatura en 2024, Trump plantea llevar esa relación más lejos: convertir a El Salvador en el brazo punitivo de EE. UU.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya levantaron la voz contra el uso de la CECOT como modelo. Denunciaron que la megacárcel alberga a miles de detenidos sin juicio y en condiciones que rozan la tortura.
¿Un nuevo frente en la política de deportaciones?
Esta posible alianza entre Trump y Bukele reconfigura el debate sobre migración, justicia y soberanía. ¿Está Estados Unidos dispuesto a renunciar al control sobre el encarcelamiento de sus propios ciudadanos? ¿Y qué implicaciones tendría esto para la relación con otros países del hemisferio?
Por ahora, la propuesta permanece en fase exploratoria. Pero el mensaje quedó claro: si Trump regresa al poder, la política de castigo podría tener nuevos códigos postales.
