En un rincón del occidente mexicano, a escasos 60 kilómetros de Guadalajara, el Rancho Izaguirre dejó de ser una propiedad rural anónima para convertirse en el símbolo de una brutalidad sistemática. Allí, según autoridades y colectivos de búsqueda, operaba una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al reclutamiento forzado, entrenamiento paramilitar y exterminio de personas.
El lugar fue intervenido en días recientes por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuyos integrantes ingresaron tras recibir una denuncia anónima. Lo que hallaron supera cualquier escenario de violencia conocido: montones de ropa calcinada, al menos 200 pares de zapatos dispersos, y restos óseos expuestos en una zona que parecía diseñada para ocultar crímenes masivos. La escena era clara: aquel sitio no solo había servido como escondite, sino como centro logístico de muerte.
No era la primera vez que el predio aparecía en el radar de las autoridades. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ya habían realizado un operativo en la zona. Durante ese cateo se logró rescatar a dos personas privadas de la libertad, se detuvo a diez individuos y se aseguraron armas de fuego. Sin embargo, en esa ocasión no se reportaron restos humanos ni se documentó la dimensión real de lo que ocurría ahí.
En marzo de este año, la situación cambió. Las evidencias localizadas por los colectivos, sumadas a testimonios anónimos de pobladores, llevaron al Ejército a reabrir la investigación. En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), las fuerzas federales confirmaron que el rancho servía como punto de adiestramiento para nuevos reclutas del CJNG. Según las primeras indagatorias, muchos jóvenes eran llevados al sitio con falsas promesas de empleo. Una vez dentro, eran sometidos a entrenamientos intensivos bajo vigilancia armada. Aquellos que se negaban a participar o intentaban escapar eran ejecutados sin contemplaciones.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada identificó a José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, como uno de los responsables directos del sitio. Su captura, ocurrida hace apenas unas semanas, representa uno de los golpes más importantes contra el aparato de reclutamiento del CJNG en la región. Las investigaciones también apuntan a la participación de al menos dos exagentes de la policía municipal de Tala, quienes habrían colaborado con la célula criminal proporcionando protección e información sobre movimientos policiales.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la lentitud con la que la Fiscalía atrajo el caso. Pese a la magnitud de los hallazgos y la presión pública ejercida por los colectivos de búsqueda, pasaron más de dos semanas antes de que la FGR interviniera formalmente. La omisión provocó críticas severas, especialmente de familiares de personas desaparecidas, quienes acusan a las autoridades estatales de minimizar la gravedad del caso o, incluso, de encubrir a ciertos implicados.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación a fondo y pidió que se refuercen los operativos en Jalisco, Michoacán y Zacatecas, entidades donde el CJNG mantiene una fuerte presencia. El gobierno federal aseguró que se fortalecerá la coordinación entre las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la FGR para desmantelar centros de entrenamiento similares que podrían estar activos en otras regiones del país.
No es un hecho aislado. En años recientes, varios ranchos y propiedades rurales han sido utilizados por organizaciones criminales para fines similares. En esta misma región, el Rancho de la Vega fue intervenido en 2023, donde también se encontraron restos humanos y evidencia de entrenamiento paramilitar. La estrategia del CJNG parece clara: alejarse de zonas urbanas, operar en áreas con bajo nivel de vigilancia, y usar la intimidación para mantener a la población en silencio.
El líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, continúa prófugo. Bajo su mando, el cártel ha diversificado sus operaciones más allá del narcotráfico. La estructura actual incluye extorsión, secuestro, tráfico de armas y minería ilegal. Su capacidad de operación, logística y reclutamiento ha colocado al CJNG como una de las organizaciones criminales más peligrosas del hemisferio occidental.
Mientras tanto, en el Rancho Izaguirre, los trabajos forenses continúan. Se han recuperado más de 70 fragmentos óseos y prendas que podrían estar relacionadas con decenas de casos de desaparición. Colectivos como Guerreros Buscadores exigen que se instale un campamento permanente de especialistas en el sitio, para garantizar que las búsquedas no se detengan y que las víctimas reciban justicia.
Las autoridades no han confirmado una cifra oficial de víctimas, pero el número de objetos personales localizados apunta a una tragedia de gran escala. La esperanza de los familiares es que, al menos, el hallazgo sirva para abrir líneas de investigación que durante años permanecieron congeladas.
El caso del Rancho Izaguirre no solo desnuda el poder del crimen organizado. También exhibe las grietas de un sistema judicial que, pese a los discursos oficiales, sigue actuando con lentitud frente a la desaparición forzada. En palabras de uno de los buscadores presentes en el sitio: “No encontramos huesos, encontramos historias. Y lo mínimo que merecen es ser contadas con verdad y con justicia.”
