Las balas que siembran muerte en México no nacen en territorio mexicano. Vienen del norte, compradas legalmente en tiendas de armas o ferias en estados fronterizos de Estados Unidos, y cruzan al sur sin hacer ruido, camufladas en autos particulares, remolques y hasta en partes mecánicas. Una vez del otro lado, terminan en manos del crimen organizado.
Según datos oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 74% de las armas decomisadas en México entre 2017 y 2021 tienen su origen en Estados Unidos. La mayoría fueron compradas en Texas, Arizona, California y Nuevo México, estados donde las leyes de adquisición de armas son laxas o con controles mínimos.
El impacto es devastador. México cerró el 2024 con más de 30,000 homicidios, y aproximadamente el 73% fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas armas no solo están en manos de sicarios: también se utilizan para intimidar comunidades, doblegar autoridades locales y mantener el control territorial.
Uno de los casos más recientes que demuestra esta realidad fue el decomiso realizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Del Río, Texas, donde se aseguraron 16 armas largas, cargadores y municiones ocultas dentro de una camioneta con destino a Coahuila. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, elogió la operación y aseguró que “la coordinación está funcionando”. Pero los decomisos son apenas la punta del iceberg.
El tráfico de armas es un negocio millonario y silencioso. Las redes operan con precisión: ciudadanos estadounidenses sin antecedentes compran armas de forma legal y luego las revenden a traficantes o directamente a emisarios de los cárteles. Muchos de estos “compradores de paja”, como los llama la ATF, reciben pagos por encargo y rara vez enfrentan consecuencias penales severas.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha intentado acciones legales inéditas. En 2021, presentó una demanda contra fabricantes de armas en EE.UU. como Smith & Wesson y Glock, acusándolos de negligencia y de facilitar el tráfico ilícito con modelos diseñados para atraer al crimen organizado. La demanda fue desestimada en una primera instancia, pero se encuentra en proceso de apelación.
Del lado estadounidense, aunque hay cooperación y operativos conjuntos, no se ha aprobado ninguna legislación federal contundente que frene el flujo de armas hacia México. En contraste, los controles para frenar el tráfico de drogas hacia el norte son más estrictos, más costosos y más visibles.
Así, mientras Estados Unidos lidia con la epidemia del fentanilo, México enfrenta un infierno alimentado por balas made in USA. Balas que no distinguen entre víctimas inocentes o rivales del narco. Balas que entran legalmente y matan ilegalmente. Balas que gritan la urgencia de actuar, pero que, hasta ahora, siguen cruzando la frontera sin freno.
