A tan solo tres meses del inicio del nuevo mandato presidencial de Trump, la economía de Estados Unidos ha comenzado a enviar señales preocupantes de desaceleración. Diversos indicadores apuntan a un debilitamiento considerable del crecimiento económico nacional, en un entorno marcado por la incertidumbre, el proteccionismo y una creciente desconfianza tanto de consumidores como de inversionistas.
Según estimaciones del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía estadounidense habría caído a una tasa anualizada del 2.8% durante el primer trimestre del año. Se trataría de la peor contracción desde los meses más críticos de la pandemia. Este cálculo se obtiene mediante el modelo GDPNow, el cual integra en tiempo real datos económicos relevantes y ofrece una proyección preliminar más ágil que las estadísticas oficiales.
Este mismo modelo mostraba, apenas semanas atrás, una caída estimada de 1.8%. Sin embargo, los últimos datos de consumo, comercio exterior y gasto personal provocaron un ajuste drástico. Aunque algunos economistas se muestran escépticos ante la magnitud de la caída proyectada, la tendencia a la baja es compartida por otras instituciones. Una reciente encuesta de Bloomberg, por ejemplo, redujo su proyección de crecimiento trimestral del 2.2% al 1.2%, y ajustó el crecimiento esperado para todo 2025 del 2.3% al 2%.
La desconfianza del consumidor es uno de los elementos más visibles del panorama actual. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Míchigan cayó a 57 puntos en marzo, su nivel más bajo desde noviembre de 2022. En tan solo un mes, perdió más de 7 puntos, y más del 30% desde noviembre del año anterior. Esta caída no distingue afiliaciones políticas: republicanos, independientes y demócratas expresaron un empeoramiento de sus expectativas respecto a sus finanzas personales, el empleo, los negocios y la inflación.
Por su parte, el Conference Board —otro referente clave para medir la percepción económica— reportó el cuarto retroceso mensual consecutivo en la confianza de los consumidores. Su Índice de Expectativas se desplomó hasta los 65.2 puntos, el nivel más bajo en 12 años. Esta cifra es significativamente inferior al umbral de 80, que históricamente se ha asociado con el riesgo de una recesión inminente.
Las políticas arancelarias implementadas por el gobierno federal también han generado efectos contraproducentes. La imposición y amenaza constante de nuevos aranceles ha afectado la estabilidad del comercio exterior y ha motivado reacciones defensivas por parte del sector empresarial. En enero y febrero, el déficit comercial acumulado de Estados Unidos ascendió a más de 303 mil millones de dólares, un aumento del 65% respecto al mismo periodo del año anterior. En lugar de equilibrar la balanza comercial, como era uno de los objetivos declarados, las medidas proteccionistas parecen haber incentivado a las empresas a adelantar importaciones, distorsionando los flujos normales de comercio.
El gasto del consumidor, principal motor de la economía estadounidense, también muestra señales de agotamiento. Tras una caída significativa en enero, el crecimiento real del consumo en febrero fue de apenas 0.1%, ajustado por inflación. Expertos de firmas como Oxford Economics prevén que este patrón podría traducirse en un crecimiento del consumo inferior al 1% en términos anualizados para el primer trimestre.
Aunque el Ejecutivo ha argumentado que estas medidas buscan proteger la industria nacional, la falta de una política económica coherente, sumada a la volatilidad en las decisiones comerciales, ha generado un entorno de incertidumbre jurídica y regulatoria. Esta situación inhibe la inversión a largo plazo y reduce la capacidad de planificación de empresas nacionales y extranjeras.
Diversos analistas coinciden en que la actual administración enfrenta un reto significativo: recuperar la confianza en medio de señales contradictorias. Por un lado, se mantiene una narrativa oficial optimista; por otro, las cifras reflejan un deterioro en la percepción ciudadana y en los indicadores macroeconómicos clave. Para la comunidad latina —uno de los sectores más activos en la economía estadounidense— esta situación representa una doble vulnerabilidad: la económica y la política. La incertidumbre afecta la estabilidad laboral y empresarial, y se ve agravada por un discurso que, en muchas ocasiones, estigmatiza a los inmigrantes.
La inflación, aunque más moderada que en años recientes, continúa presionando a los hogares. El índice anualizado se ubicó en 2.8% en febrero, un nivel que, aunque manejable desde la perspectiva macroeconómica, limita el poder adquisitivo en una economía donde los costos de vivienda, transporte y alimentos han seguido en ascenso.
Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, advirtió recientemente que las probabilidades de una recesión para 2025 “son incómodamente altas”, y estimó en más de un 30% la posibilidad de una contracción prolongada. Esta opinión contrasta con el panorama a principios de año, cuando las expectativas de una recuperación sostenida parecían más sólidas.
En este contexto, las empresas están optando por estrategias más conservadoras, postergando inversiones y contrataciones. Algunos sectores clave, como el automotriz, han reportado una desaceleración en ventas, mientras que industrias dependientes de importaciones enfrentan mayores costos operativos.
El clima de desconfianza también alcanza al sistema financiero. Aunque los mercados bursátiles no han sufrido caídas abruptas, sí se ha observado una mayor volatilidad y una disminución en la actividad especulativa. Inversionistas institucionales están adoptando posturas más cautelosas ante el temor de un entorno político impredecible.
En definitiva, los primeros tres meses de 2025 evidencian un panorama económico complejo, marcado por una contracción inesperada, caída en la confianza del consumidor, políticas comerciales agresivas y un entorno generalizado de incertidumbre. Si bien es cierto que el presidente no controla directamente todos los factores económicos, las señales que emite su administración y la consistencia de sus decisiones son determinantes para el rumbo económico del país.
Mientras el discurso oficial insiste en destacar la solidez de la economía nacional, los datos apuntan hacia otra dirección. Los desafíos se acumulan y, si no se toman medidas efectivas, el costo económico podría intensificarse durante los próximos meses, afectando con mayor dureza a las comunidades más vulnerables.
