La Corte Suprema de Estados Unidos es mucho más que un tribunal: es una de las instituciones más influyentes en la vida política y social del país. Sus fallos tienen el poder de transformar políticas públicas, redefinir derechos fundamentales y afectar de manera directa a millones de personas, incluyendo a la comunidad latina e inmigrante. En los últimos años, varias de sus decisiones han generado un profundo debate nacional y han dejado huella en temas clave como inmigración, derechos civiles, salud reproductiva, educación y portación de armas.
Uno de los casos más relevantes en materia migratoria fue Department of Homeland Security v. Regents of the University of California (2020), en el que la Corte bloqueó la cancelación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), protegiendo temporalmente a más de 600,000 jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”. Si bien esta decisión no otorgó un camino a la ciudadanía, fue un alivio momentáneo para miles de familias latinas mientras el Congreso sigue sin aprobar una reforma migratoria definitiva.
En contraste, la Corte ha permitido que ciertos estados implementen políticas más restrictivas. En Arizona v. United States (2012), aunque invalidó algunas partes de la polémica ley SB 1070, también dejó en pie la disposición que permite a la policía verificar el estatus migratorio de personas detenidas por otras razones, abriendo la puerta a prácticas de perfil racial.
En 2022, la Corte dio un giro importante en materia de derechos reproductivos con el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que anuló el precedente de Roe v. Wade. Esta decisión no está directamente relacionada con la inmigración, pero afecta desproporcionadamente a las mujeres latinas, que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud en muchos estados del sur y suroeste del país.
También se ha pronunciado sobre el uso de fondos públicos para la educación religiosa (Carson v. Makin, 2022), el derecho a portar armas en público (New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, 2022), y la acción afirmativa en universidades (Students for Fair Admissions v. Harvard, 2023), con implicaciones directas para estudiantes latinos en el acceso a la educación superior.
En 2023, la Corte también falló a favor del gobierno federal en United States v. Texas, permitiéndole establecer prioridades en la deportación de inmigrantes, lo que da mayor margen para enfocar los recursos en personas con antecedentes penales o que representen una amenaza. Este fallo fue interpretado como un respaldo al enfoque de discrecionalidad migratoria del ejecutivo.
Estos fallos muestran cómo la Corte Suprema influye en temas que van más allá de la ley escrita. Sus decisiones reflejan y al mismo tiempo moldean el clima político y social del país. Para la comunidad latina, es vital entender este rol, ya que muchas de estas decisiones tienen un impacto directo sobre su día a día, desde la posibilidad de estudiar y trabajar hasta el acceso a servicios básicos y el derecho a vivir sin miedo a la deportación.
Con una mayoría conservadora consolidada en la Corte, se espera que las próximas decisiones continúen generando debates intensos. En juego están temas como la independencia judicial, los derechos individuales y la relación entre el gobierno federal y los estados. Para millones de latinos e inmigrantes en Estados Unidos, lo que se decide en el alto tribunal no es un asunto abstracto: es una cuestión de derechos, dignidad y futuro.
