Una nueva política migratoria de la administración Trump permite a los agentes de ICE ingresar a viviendas particulares sin una orden judicial previa, en su intento de localizar a supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Basados en una reinterpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, los agentes ahora pueden irrumpir en residencias cuando, según su criterio, consideren que obtener una orden sería “impracticable”.
El memorando interno, filtrado el 14 de marzo de 2025 y publicado por diversos medios nacionales, marca un punto de quiebre en el respeto tradicional a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege contra allanamientos y registros irrazonables. La medida, que originalmente se presentó como una “respuesta de emergencia” a amenazas específicas, ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles como un ataque frontal al Estado de Derecho.
Una política que desafía la Constitución
Desde su fundación, Estados Unidos ha establecido límites claros a la autoridad gubernamental, especialmente en el ámbito de los registros domiciliarios. La Cuarta Enmienda requiere que cualquier ingreso a una vivienda privada esté respaldado por una orden judicial firmada, basada en causa probable y dirigida a una ubicación específica.
Las órdenes administrativas que ICE maneja internamente no son equivalentes a órdenes judiciales. Un agente necesita permiso explícito de un juez federal para ingresar legalmente a un hogar sin consentimiento. Sin embargo, el memorando de marzo introduce una peligrosa excepción: autoriza incursiones sin orden si se justifica que “las circunstancias de la operación hacen impracticable obtener una orden previa”.
La American Civil Liberties Union (ACLU) denunció públicamente la política como “un abuso grotesco del poder ejecutivo” y advirtió que sienta un precedente para allanar hogares de cualquier comunidad, no solo de migrantes.
“Estamos presenciando la erosión práctica de la Cuarta Enmienda ante nuestros ojos”, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU, en una conferencia reciente. “No se puede defender el Estado de Derecho violándolo.”
El Tren de Aragua como justificación
La administración Trump ha justificado estas acciones alegando que el Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela, ha establecido células en varias ciudades estadounidenses. De acuerdo con autoridades federales, sus integrantes son responsables de delitos violentos que van desde el narcotráfico hasta el tráfico humano.
Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, originalmente diseñada para tiempos de guerra a fines del siglo XVIII, el gobierno argumenta que los miembros del Tren de Aragua deben ser tratados como amenazas a la seguridad nacional, no como simples infractores de leyes migratorias.
Sin embargo, críticos como Human Rights Watch señalan que la mayoría de los detenidos bajo esta política no tienen vínculos comprobados con actividades criminales y que muchos son simplemente migrantes venezolanos que huyeron de condiciones extremas en su país de origen.
Las primeras resistencias judiciales
Los tribunales federales han comenzado a reaccionar. Un juez de distrito en El Paso, Texas, ordenó la liberación de una pareja venezolana detenida en un operativo de ICE que involucró el ingreso sin orden judicial a su domicilio.
En su fallo, el juez argumentó que el gobierno no pudo demostrar una amenaza inminente que justificara saltarse el proceso legal y calificó el operativo de “violación flagrante de derechos constitucionales básicos”.
“La mera afiliación nacional o el estatus migratorio no constituyen justificación suficiente para suprimir protecciones constitucionales esenciales”, señaló el juez en su sentencia.
Otras cortes, particularmente en California y Nueva York, analizan actualmente demandas similares presentadas por organizaciones de defensa de migrantes.
Conozca sus derechos: cómo protegerse
Aunque la nueva política autoriza incursiones sin orden en situaciones excepcionales, la mayoría de las entradas aún requieren consentimiento del residente o una orden judicial. Por ello, conocer sus derechos sigue siendo fundamental.
Frente a esta política, abogados y organizaciones de derechos civiles han reforzado sus campañas para educar a la comunidad migrante —y a la población general— sobre sus derechos básicos frente a agentes de ICE:
• No abrir la puerta: ICE no puede ingresar legalmente a su hogar sin una orden firmada por un juez, salvo consentimiento explícito del residente.
• Exigir ver la orden: A través de la ventana o bajo la puerta. Debe estar dirigida a una persona o dirección específica y llevar la firma de un juez.
• No otorgar consentimiento verbal o escrito: Una simple frase como “pueden pasar” puede ser utilizada como justificación legal para el ingreso.
• Ejercer el derecho a guardar silencio: No responder preguntas sin la presencia de un abogado.
• Documentar el encuentro: Si es seguro hacerlo, grabar audio o video del operativo.
• Contactar asistencia legal inmediata: Organizaciones como la ACLU, el Immigrant Justice Network y abogados locales pueden ofrecer apoyo en estos casos.
“El conocimiento de sus derechos puede marcar la diferencia entre la libertad y la detención injusta”, enfatizó recientemente Jorge Loweree, director de políticas del American Immigration Council.
¿Un retroceso silencioso?
La entrada de ICE a viviendas sin orden judicial representa algo más que una estrategia migratoria agresiva: simboliza un retroceso silencioso en los principios que sustentan la democracia estadounidense.
La combinación de la autorización de allanamientos sin supervisión judicial, el uso selectivo de leyes de época colonial y la justificación de políticas basadas en amenazas difusas crea un escenario alarmante. Permite no solo la erosión de los derechos de migrantes indocumentados, sino también el debilitamiento de las libertades de ciudadanos y residentes legales.
Históricamente, Estados Unidos ha defendido la idea de que el hogar es un santuario inviolable, protegido de las intromisiones arbitrarias del Estado. La práctica actual pone en entredicho esa premisa fundamental.
No es solo migración: es el Estado de Derecho
Advertir sobre estos hechos no es alarmismo: es responsabilidad cívica. El Estado de Derecho no puede ser selectivo. Cuando se permiten excepciones bajo argumentos de “necesidad” o “seguridad”, se abre la puerta a futuros abusos contra cualquier sector de la población.
Hoy los operativos apuntan a venezolanos bajo sospechas de vínculos criminales. Mañana podrían dirigirse contra otras comunidades, y pasado mañana, contra ciudadanos críticos de la administración.
Proteger los derechos de quienes enfrentan vulneraciones hoy es, en última instancia, proteger los derechos de todos.
