ICE recurre a perfiles y estereotipos para detener a inmigrantes. Aunque la práctica viola principios legales básicos, se ha vuelto común bajo la nueva administración Trump.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usan logos deportivos en ropa y tatuajes como supuestos indicios de afiliación a pandillas. Esta política desató críticas por criminalizar símbolos culturales comunes entre los migrantes.
Las autoridades deportaron recientemente a Kilmar Abrego García por usar una gorra de los Chicago Bulls, y a Jerce Reyes Barrios por llevar un tatuaje del Real Madrid. En ninguno de los dos casos presentaron pruebas que confirmaran vínculos con grupos como la MS-13 o el Tren de Aragua. Aplicaron la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma creada para tiempos de guerra.
Algunos medios atribuyen esta política a discursos políticos que vinculan ciertos estilos urbanos con violencia. Organizaciones de derechos civiles afirman que el gobierno convierte expresiones culturales en motivos para la expulsión. Varios abogados denuncian que el ICE niega el debido proceso y actúa sin respaldo legal.
El caso de Kilmar Abrego García generó indignación. Abrego contaba con residencia legal y tenía una orden judicial que impedía su deportación. A pesar de eso, agentes federales lo expulsaron del país. El gobierno primero habló de un error administrativo, pero luego lo acusó de formar parte de la MS-13. Esa acusación se basó en una detención de 2019 sin cargos formales y en su forma de vestir. Su familia y abogados rechazan esa versión.
En marzo, el gobierno deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador. La mayoría no tenía antecedentes penales. Sus abogados señalaron que las autoridades los identificaron como pandilleros solo por sus tatuajes. En el caso del Tren de Aragua, expertos explican que no existe una simbología tatuada específica. Los defensores consideran que ICE criminaliza el arte corporal.
La Corte Suprema detuvo la deportación de al menos 30 venezolanos detenidos en Texas. Siete de los nueve jueces respaldaron la decisión. Solo Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra. El tribunal exigió garantías legales para cada persona antes de autorizar su salida del país. La Ley de Enemigos Extranjeros, dicen los magistrados, no puede justificar expulsiones masivas sin pruebas.
Trump defiende la política como una medida para proteger al país. Pero juristas y activistas argumentan que el gobierno abusa de una ley anticuada para operar sin supervisión judicial. El uso de esta norma, creada en 1798, reavivó el debate sobre los límites del poder presidencial.
Varios colectivos de migrantes organizan protestas en Houston, Nueva York y Los Ángeles. También exigen que el Congreso revise las facultades legales de ICE y frene las deportaciones sin debido proceso. La ACLU, Human Rights Watch y otras organizaciones presionan para suspender el uso de la ley hasta que los tribunales evalúen su constitucionalidad.
El uso de logos deportivos como supuesta evidencia criminal se suma a una lista creciente de prácticas cuestionadas. En un país donde la cultura deportiva forma parte de la identidad popular, miles de migrantes temen ahora que su forma de vestir los convierta en blanco del sistema migratorio.
