El 14 de abril, la Universidad de Harvard rechazó públicamente las condiciones impuestas por la administración Trump para mantener el acceso a más de 2,200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales. La decisión marcó un punto de quiebre en la creciente tensión entre el poder ejecutivo y las instituciones académicas del país.
Diez días antes, el gobierno federal envió una carta con una serie de demandas: eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir grupos estudiantiles pro-palestinos, reforzar la cooperación con autoridades migratorias y someterse a auditorías externas para verificar “diversidad ideológica”. La Casa Blanca vinculó el cumplimiento de estas medidas con la continuidad del financiamiento público.
Los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) han sido clave para ampliar el acceso universitario a estudiantes de comunidades históricamente excluidas, incluyendo a miles de jóvenes latinos. Estas iniciativas ofrecen becas, acompañamiento académico y entornos más representativos dentro de instituciones tradicionalmente dominadas por élites. Al exigir su eliminación, la administración no solo ataca políticas internas: pone en riesgo décadas de avances en inclusión social y equidad educativa.
Mientras Harvard se negó a ceder, otras instituciones optaron por el camino contrario. Columbia University, por ejemplo, modificó su política interna, reforzó la vigilancia en el campus e impuso nuevas normas a grupos estudiantiles, en un intento por recuperar los fondos federales suspendidos.
Este tipo de concesiones ha generado preocupación entre defensores de la libertad académica. Organizaciones como la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) advierten que el uso del financiamiento como mecanismo de control político representa una amenaza directa a la autonomía universitaria.
La controversia ocurre bajo la administración del presidente Trump, quien asumió su segundo mandato en enero de 2025. Desde entonces, su gobierno ha impulsado una serie de medidas para condicionar el financiamiento federal a universidades que, según su equipo, toleran expresiones de antisemitismo o mantienen estructuras contrarias a los valores institucionales del país. Las exigencias dirigidas a Harvard y otras instituciones reflejan una política más amplia de intervención en asuntos internos del ámbito académico.
Más allá del impacto económico inmediato, lo que está en juego es la independencia institucional. Para Harvard, aceptar las condiciones habría significado traicionar su misión académica y su compromiso con la libertad de pensamiento.
“Ceder a estas demandas sería traicionar la esencia misma de lo que significa ser una universidad”, concluyó el presidente interino de Harvard, Alan M. Garber.
