La tensión entre el mundo académico y la administración Trump volvió a escalar esta semana, luego de que Harvard recibiera una carta oficial fechada el 11 de abril, firmada por funcionarios de tres agencias federales. En el documento, el gobierno exigía a la universidad cancelar programas de diversidad e inclusión, sancionar a estudiantes internacionales que participaran en protestas, y colaborar activamente con el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear actividades dentro del campus.
La respuesta de Harvard no se hizo esperar. El presidente interino Alan Garber calificó la carta como una “intromisión sin precedentes en la vida universitaria” y una amenaza directa a los principios de libertad académica. En una carta abierta publicada el 14 de abril, Garber aseguró que la universidad “no cederá a presiones externas que busquen controlar la enseñanza, la investigación ni el pensamiento crítico”.
La controversia se intensificó cuando, días después, un vocero de la Casa Blanca afirmó que la carta había sido enviada “por error” y que no contaba con la debida aprobación del presidente. Según reportes del New York Times y The Crimson, la comunicación fue producto de una “falla de coordinación interna” entre las agencias involucradas.
A pesar del aparente recule, el gobierno mantuvo otras medidas de presión. Se anunció la congelación de más de $2.2 mil millones en fondos federales destinados a investigación, becas y programas comunitarios vinculados a Harvard. Además, la Oficina del IRS confirmó que se está revisando el estatus de exención fiscal de la universidad, en lo que varios expertos han calificado como una represalia política disfrazada de revisión administrativa.
Portavoces de la administración Trump criticaron públicamente la reacción de Harvard, acusando a la institución de emprender una “campaña de victimización” y de manipular el episodio con fines políticos. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera las universidades de élite”, dijo un alto funcionario bajo anonimato.
Este episodio ha avivado un debate nacional sobre los límites del poder presidencial, la autonomía de las instituciones educativas y el papel de las universidades en tiempos de polarización. Diversas organizaciones académicas, incluyendo la Asociación Estadounidense de Universidades, emitieron comunicados expresando solidaridad con Harvard y condenando cualquier intento de coartar la libertad de pensamiento en el ámbito educativo.
Mientras tanto, estudiantes y profesores de Harvard han convocado foros y movilizaciones en defensa de los principios que, aseguran, “han hecho de esta universidad un faro del pensamiento libre durante casi cuatro siglos”.
