El gobierno de Estados Unidos deportó este lunes a 17 personas presuntamente vinculadas a pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13, a pesar de resoluciones judiciales que habían bloqueado este tipo de expulsiones exprés.
Las deportaciones fueron ejecutadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite al presidente ordenar la expulsión de personas consideradas amenazas para la seguridad nacional, sin requerir una orden judicial. Tanto un juez de distrito como un tribunal de apelaciones habían ordenado suspender este tipo de traslados. La administración Trump, sin embargo, pidió al Tribunal Supremo que autorice su aplicación.
Los migrantes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Imágenes divulgadas por autoridades salvadoreñas mostraron a los deportados esposados, descalzos y bajo estrictas medidas de seguridad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que varios de los deportados no contaban con antecedentes penales en Estados Unidos, ni se les ofreció la oportunidad de argumentar los riesgos que enfrentarían al ser enviados a un tercer país.
“El debido proceso es esencial, incluso en casos donde se alegan vínculos con pandillas. Ninguna persona debe ser enviada a un lugar donde su vida corra peligro sin haber tenido la oportunidad de defenderse legalmente”, señaló en un comunicado Human Rights First.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respaldó la acción y calificó a los deportados como “asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil”.
De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, al menos 340 personas han sido deportadas desde enero bajo procedimientos acelerados vinculados a seguridad nacional. Varios de estos casos están siendo revisados por cortes federales.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para endurecer la política migratoria en el país. La comunidad internacional y diversos sectores jurídicos han cuestionado tanto la legalidad de estas acciones como las condiciones en que se ejecutan.
El Pulso Latino seguirá dando seguimiento a este caso conforme avance el litigio en tribunales y se conozcan más detalles sobre las personas afectadas
