En algunas ciudades, las patrullas se estacionan frente a tribunales de inmigración. En otras, irrumpen en fábricas y vecindarios con órdenes poco claras o, en ocasiones, sin ninguna. La escena se repite con creciente frecuencia desde inicios de mayo: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a personas sin historial criminal, muchas veces justo cuando pensaban que ya habían cumplido con la ley.
Para miles de familias migrantes, la rutina diaria se ha convertido en un ejercicio de vigilancia constante. Ir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela o asistir a una audiencia judicial puede derivar en un arresto, una deportación, o simplemente en no regresar a casa.
La administración federal afirma que se trata de medidas legítimas para hacer cumplir la ley. Sin embargo, defensores de derechos civiles, líderes locales y abogados alertan sobre una escalada sin precedentes que no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que revive temores que muchos creían superados.
Arrestos en tribunales de inmigración
En ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, agentes de ICE realizaron detenciones dentro de los juzgados de inmigración. En varios casos, las detenciones ocurrieron minutos después de que un juez desestimó cargos o concluyó el proceso de inmigrantes sin antecedentes penales, incluidos solicitantes de asilo.
Diversas organizaciones legales denunciaron que esta práctica atenta contra el debido proceso y desalienta la asistencia a audiencias judiciales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió estas acciones como parte de los procedimientos de deportación acelerada. Sin embargo, juristas independientes cuestionaron su legalidad y señalaron que podrían violar principios básicos de justicia.
“Esta táctica convierte los tribunales en zonas de captura, cuando deberían ser espacios neutrales donde las personas ejerzan sus derechos”, declaró Javier Piñeiro, abogado de inmigración en Nueva York.
Redadas en lugares de trabajo y comunidades
Además de las acciones en tribunales, ICE realizó operativos en zonas laborales y vecindarios con alta presencia de migrantes. En Kent, Washington, arrestaron a 17 empleados en una fábrica de bebidas especializadas, según informó la estación pública KUOW. En el centro de California, agentes federales intentaron ingresar sin orden judicial a una planta empacadora de fresas, pero empleados del lugar negaron el acceso tras solicitar documentación.
Organizaciones locales en California Central documentaron al menos seis operativos en comunidades agrícolas durante las últimas dos semanas. Voceros comunitarios denunciaron prácticas intimidatorias, como la instalación de retenes móviles y patrullajes no autorizados.
“Estas acciones crean un ambiente de persecución”, afirmó Teresa Aguilar, directora del Centro de Apoyo Migrante en Fresno. “Ni siquiera los ciudadanos se sienten seguros”
“Operación Safeguard”: balance de cinco meses
Las acciones recientes forman parte de la “Operación Safeguard”, lanzada por el gobierno federal en enero de 2025. Esta iniciativa apunta a acelerar la detención y deportación de inmigrantes sin documentos, con énfasis en las denominadas “ciudades santuario”.
Desde el inicio de la operación, ICE detuvo a más de 23,000 personas y concretó cerca de 18,000 deportaciones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque la administración Trump sostiene que estas medidas fortalecen la seguridad interna, organizaciones civiles alertaron sobre un deterioro en la confianza institucional y la normalización de tácticas extralegales.
Efectos en comunidades latinas
En diversas ciudades del país, líderes comunitarios reportaron impactos inmediatos: ausentismo escolar, caída en la asistencia laboral y reducción en la actividad económica de zonas comerciales latinas.
En Chicago, la Red de Apoyo Familiar Latina reportó un aumento del 27 % en llamadas de emergencia relacionadas con detenciones desde el 10 de mayo. En Atlanta, centros religiosos comenzaron a ofrecer refugio temporal y asesoría legal gratuita para personas en riesgo de deportación.
Funcionarios locales en varias jurisdicciones solicitaron a ICE mayor transparencia en los procedimientos. Algunos alcaldes, como Karen Bass en Los Ángeles, acusaron al organismo federal de actuar sin coordinación previa ni justificación pública.
“No estamos en contra del cumplimiento de la ley, pero exigimos respeto a los derechos humanos y al debido proceso”, indicó Bass en conferencia de prensa el viernes.
Reacciones y panorama
La intensificación de los operativos ocurre en medio del ciclo electoral de 2024-2025, donde la política migratoria figura entre los temas más polarizantes. El expresidente Donald Trump —quien busca regresar a la Casa Blanca— reiteró que, de ganar las elecciones, duplicará la capacidad de ICE y ordenará deportaciones masivas “desde el primer día”.
Organizaciones nacionales como ACLU, RAICES y el National Immigration Law Center preparan litigios para frenar lo que consideran una ofensiva inconstitucional contra las minorías migrantes.
Mientras tanto, comunidades enteras adoptan medidas preventivas, como portación de documentos legales, organización de redes vecinales y sesiones informativas en centros comunitarios.
