Cada cierto tiempo, el Congreso de Estados Unidos se ve envuelto en una batalla política que acapara titulares: la negociación para aumentar el techo de la deuda federal. Aunque a primera vista pueda parecer un tema técnico o lejano, las decisiones que se toman en ese contexto tienen un impacto directo sobre millones de personas, especialmente aquellas que dependen de programas sociales como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y la asistencia alimentaria.
El techo de la deuda es el límite legal que tiene el gobierno federal para endeudarse. Cuando el gasto público aprobado por el Congreso excede los ingresos fiscales, el Departamento del Tesoro debe emitir bonos para cubrir la diferencia. Pero si se alcanza ese límite sin una nueva autorización legislativa, el gobierno entra en riesgo de incumplir sus pagos: lo que se conoce como “default”. Esto no implica nuevos gastos, sino la autorización para pagar compromisos ya adquiridos.
En la última negociación, en 2023, el Congreso aprobó una suspensión temporal del techo de la deuda hasta principios de 2025, tras semanas de tensiones entre demócratas y republicanos. Durante ese periodo de incertidumbre, se habló incluso de congelar temporalmente pagos federales, incluyendo beneficios del Seguro Social, salarios a empleados públicos y fondos a programas de salud.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), más del 65% del presupuesto federal se destina a programas obligatorios como el Seguro Social, Medicare y Medicaid. Millones de latinos mayores, trabajadores con bajos ingresos y niños en situación vulnerable dependen de estos servicios. Un retraso en su financiamiento puede tener consecuencias inmediatas en el acceso a medicinas, alimentos o vivienda.
Además, cuando se generan estas crisis fiscales, muchas veces se utilizan como argumento para recortar gastos sociales. Sectores conservadores han propuesto limitar la expansión de Medicaid, aumentar la edad de jubilación o imponer condiciones más estrictas para recibir asistencia alimentaria. Estas propuestas afectan de forma desproporcionada a comunidades como la latina, que ya enfrentan desigualdades estructurales en salud, empleo y acceso a vivienda.
Por otro lado, la incertidumbre en torno al techo de la deuda suele impactar los mercados financieros, encarecer el crédito y reducir la inversión pública. En 2011, una crisis similar llevó a que la agencia Standard & Poor’s rebajara la calificación crediticia de EE.UU. por primera vez en la historia, generando volatilidad económica y desconfianza global.
Si bien es legítimo debatir sobre cómo manejar el gasto público, utilizar el techo de la deuda como arma política pone en riesgo la estabilidad económica del país y la seguridad financiera de millones de personas. Para la comunidad latina, es crucial estar informada sobre estos temas y exigir que cualquier ajuste presupuestario proteja los programas esenciales que garantizan una vida digna a las familias trabajadoras.
Con la próxima negociación presupuestaria prevista para 2025, el debate volverá al centro de la agenda política. Y aunque se trate de cifras astronómicas y discusiones legislativas en Washington, lo que está en juego son cuestiones muy concretas: una pensión a tiempo, una consulta médica, una ayuda para comprar alimentos o pagar el alquiler. En última instancia, el presupuesto federal no es solo un documento contable: es un reflejo de las prioridades de un país.
