El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está por concretar un controvertido acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitiría compartir información fiscal de personas indocumentadas que presentan sus impuestos mediante un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
Aunque el acuerdo no ha sido finalizado, diversas fuentes cercanas al gobierno confirmaron que las negociaciones están en una etapa avanzada. El plan consiste en que el ICE podrá enviar nombres y direcciones de personas bajo investigación migratoria, y el IRS confirmará si esa información coincide con registros en su base de datos. Aunque el IRS no entregaría directamente las declaraciones fiscales completas, el hecho de validar o negar coincidencias representa un cambio sin precedentes en su tradicional política de confidencialidad.
Históricamente, el IRS ha protegido la privacidad de los contribuyentes, incluyendo aquellos que usan ITIN para cumplir con sus obligaciones fiscales, a pesar de no tener un estatus migratorio regular. Esta protección se consideraba vital para fomentar la declaración voluntaria de impuestos y evitar la evasión fiscal.
Se estima que entre 5 y 6 millones de personas indocumentadas pagan impuestos federales cada año usando ITIN. Diversos expertos temen que la posibilidad de que esa información sea usada con fines migratorios tenga un efecto paralizante: muchos podrían dejar de declarar impuestos por miedo a ser identificados y deportados.
“Están usando la confianza que los inmigrantes han depositado en el sistema tributario como arma en su contra”, denunció Lucía Ramírez, vocera de la organización United Workers Center, una de las entidades que ya ha presentado una demanda para frenar el acuerdo. Un tribunal federal negó inicialmente una orden de restricción temporal, pero el litigio sigue su curso.
El acuerdo también ha generado tensiones dentro del propio IRS. Reportes internos sugieren que al menos un abogado de alto nivel dentro de la agencia podría ser reasignado tras manifestar su oposición a la medida, lo que refleja el nivel de controversia que rodea esta decisión.
Por ahora, no existe una fecha oficial para la entrada en vigor del posible acuerdo. No obstante, organizaciones de defensa de inmigrantes están en alerta máxima, instando a la comunidad a mantenerse informada y a buscar asesoría legal en caso de recibir notificaciones o tener dudas sobre sus declaraciones fiscales.
El Pulso Latino seguirá monitoreando esta situación en desarrollo.
