El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó este lunes una orden judicial que exigía al gobierno federal facilitar el retorno de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que residía legalmente en Maryland y fue deportado de manera irregular.
Abrego García, de 29 años, vivía en Maryland con un permiso de trabajo válido y se encontraba en proceso de certificación como técnico en chapa metálica. En 2019, un juez de inmigración determinó que su vida corría peligro en El Salvador y que no debía ser deportado debido a amenazas de pandillas.
Sin embargo, el 12 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron bajo acusaciones de pertenecer a la MS-13, pese a la falta de pruebas. Tres días después, lo deportaron a El Salvador, donde fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones extremas.
Una jueza federal en Maryland calificó la detención y deportación como “totalmente ilegales” y ordenó el retorno inmediato de Abrego García antes de la medianoche del 7 de abril. El Departamento de Justicia apeló, argumentando que el cumplimiento de la orden interfería con funciones del Ejecutivo en política exterior.
El Cuarto Circuito rechazó la apelación del gobierno, pero el juez Roberts intervino para conceder una suspensión temporal. La Corte Suprema dio plazo hasta las 5 p.m. del martes 8 de abril para que los abogados del migrante respondan a la solicitud del gobierno.
Organizaciones defensoras de migrantes han advertido que el caso representa un precedente peligroso. Si la Corte Suprema respalda la postura del gobierno, tribunales federales podrían perder capacidad para proteger a personas en riesgo de deportación arbitraria.
El caso sigue en revisión. La decisión final podría definir los límites de la supervisión judicial sobre acciones del Ejecutivo en materia migratoria.
