La comunidad escolar de Los Ángeles se encuentra en estado de alerta tras el intento de agentes federales de ingresar a dos escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), alegando que realizaban “visitas de bienestar” a menores migrantes. El hecho ha generado un fuerte rechazo por parte de autoridades educativas y ha reavivado los temores en comunidades inmigrantes.
El incidente ocurrió esta semana en las escuelas primarias Lillian Street y Russell Elementary, donde agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se presentaron solicitando acceso a cinco menores que habrían ingresado recientemente al país como no acompañados.
De acuerdo con la versión oficial del DHS, los agentes actuaban en el marco de investigaciones rutinarias para verificar el bienestar de los niños y asegurarse de que no estuvieran siendo víctimas de abuso o explotación. La agencia aseguró que no se trataba de acciones de control migratorio ni de deportación, y que estas visitas son parte de un protocolo para proteger a los menores migrantes bajo custodia de patrocinadores en Estados Unidos.
Sin embargo, las autoridades escolares rechazaron el ingreso de los agentes, argumentando que no contaban con una orden judicial y que habían mentido al afirmar que tenían autorización de los tutores de los niños. El superintendente del LAUSD, Alberto M. Carvalho, condenó públicamente la actuación de los agentes y defendió la decisión del personal escolar de bloquear su acceso.
El distrito escolar de Los Ángeles opera bajo una política de “santuario”, la cual prohíbe el ingreso de agentes federales a instalaciones educativas sin una orden judicial explícita. La actuación de HSI ha sido calificada por diversos líderes comunitarios como intimidatoria y desproporcionada.
Organizaciones de derechos civiles y representantes políticos locales también han alzado la voz, advirtiendo sobre el impacto negativo que estos operativos pueden tener en la asistencia escolar de menores indocumentados, especialmente en un contexto donde se han endurecido las políticas migratorias federales.
El caso también ha puesto en tela de juicio el reciente cambio de políticas que permitía a agentes del DHS acercarse a “lugares sensibles” como escuelas, iglesias y hospitales, protección que fue eliminada en los últimos meses bajo una nueva interpretación de las normativas federales.
Mientras tanto, los cinco menores involucrados en este caso permanecen asistiendo a clases sin alteraciones, y el LAUSD ha reiterado su compromiso de garantizar su bienestar y privacidad.
