El sistema de tribunales migratorios de Estados Unidos enfrenta uno de los mayores atrasos de su historia. Más de 3.3 millones de casos permanecen pendientes, lo que prolonga durante años decisiones sobre deportación, solicitudes de asilo y otros procesos migratorios.
Datos recopilados por el centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que el volumen de procesos abiertos en las cortes de inmigración superó los 3 millones de casos activos, una cifra que refleja la presión creciente sobre el sistema judicial migratorio.
Las cortes de inmigración forman parte de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, una agencia del Departamento de Justicia que administra los tribunales encargados de decidir el futuro legal de millones de migrantes en el país.
El atraso en estos tribunales se ha acumulado durante varios años debido al aumento en solicitudes de asilo, detenciones migratorias y otros procesos administrativos relacionados con la aplicación de la ley migratoria.
Actualmente existen alrededor de 700 jueces de inmigración distribuidos en decenas de tribunales en todo el país. Cada juez puede manejar miles de casos activos al mismo tiempo, lo que provoca calendarios judiciales que se extienden durante varios años.
En algunos tribunales, las audiencias iniciales pueden programarse con varios meses de espera, mientras que las decisiones finales en casos complejos pueden tardar aún más tiempo.
Durante los últimos dos años el sistema también enfrentó cambios en su plantilla judicial. Más de 100 jueces de inmigración dejaron el cargo desde 2025 por despidos, renuncias o jubilaciones, lo que redujo temporalmente la capacidad del sistema para procesar casos.
Ante esta situación, el Departamento de Justicia anunció nuevos nombramientos para reforzar el sistema.
En octubre de 2025, el gobierno federal nombró 36 nuevos jueces de inmigración, muchos de ellos en posiciones temporales.
Posteriormente, el 5 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia anunció otra clase de 33 nuevos jueces destinados a distintos tribunales del país.
Más recientemente, el 12 de marzo de 2026, el gobierno federal anunció 42 nuevos jueces adicionales, que serán asignados a tribunales migratorios en 17 estados.
Las autoridades federales también iniciaron un proceso de reclutamiento para cubrir futuras vacantes en el sistema judicial migratorio. De acuerdo con reportes oficiales, más de 1,700 personas han presentado solicitudes para estos puestos.
A pesar de estos esfuerzos, expertos señalan que el tamaño del atraso significa que tomaría varios años reducir significativamente el número de casos pendientes, incluso si se mantienen nuevos nombramientos de jueces.
El aumento de procesos migratorios y la capacidad limitada de los tribunales han convertido al sistema judicial de inmigración en uno de los puntos más presionados dentro del aparato migratorio federal.
Lo que esto significa
El atraso en los tribunales migratorios tiene un impacto directo en millones de personas que esperan una decisión sobre su estatus legal en Estados Unidos.
Para muchos migrantes, el proceso puede extenderse durante años antes de que un juez determine si podrán permanecer en el país o enfrentarán una orden de deportación.
Mientras el gobierno federal intenta aumentar el número de jueces para reducir los retrasos, el volumen de casos pendientes continúa siendo uno de los mayores desafíos del sistema migratorio estadounidense.
