El pasado 25 de abril, agentes del FBI arrestaron a la juez Hannah Dugan en el mismo recinto del Tribunal del Condado de Milwaukee. Según el Departamento de Justicia, Dugan enfrenta cargos de obstrucción por supuestamente ayudar a un migrante mexicano a evadir una detención de ICE al permitirle salir por una puerta lateral reservada para jurados. De acuerdo con la denuncia, el migrante, identificado como Eduardo Flores-Ruiz, había asistido a una audiencia civil cuando agentes federales intentaron aprehenderlo, sin contar con una orden judicial.
La escena fue tan inusual como alarmante: una juez esposada en su propio tribunal, mientras sus colegas y abogados observaban en silencio. Aunque la juez fue liberada bajo palabra esa misma tarde, el mensaje era inequívoco: nadie, ni siquiera miembros del Poder Judicial, están a salvo de la maquinaria federal cuando se oponen a las políticas migratorias del actual gobierno.
La deportación prohibida
Este hecho no es un caso aislado. Apenas unos días antes, la administración de Trump ejecutó la deportación de un residente legal venezolano a Nicaragua, en abierta desobediencia de un fallo de la Suprema Corte que prohibía esas deportaciones bajo el amparo de la Ley de Refugiados. La Corte había determinado que expulsar a migrantes venezolanos a terceros países, donde podrían enfrentar persecución o tratos inhumanos, violaba tanto el derecho interno como tratados internacionales suscritos por Estados Unidos.
Sin embargo, las advertencias judiciales fueron ignoradas. Según informes de The Washington Post, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional alegaron que “no existía un mandato formal escrito” al momento de la deportación, una interpretación legal ampliamente cuestionada por expertos.
“Cuando el Ejecutivo ignora órdenes judiciales, socava uno de los principios más fundamentales de nuestra democracia: el imperio de la ley”, advirtió Harold Koh, profesor de Derecho Internacional en Yale y ex asesor jurídico del Departamento de Estado.
Un patrón que se repite
Estos eventos recientes no son hechos aislados, sino piezas de un patrón que ha ido escalando con el tiempo. Desde su campaña presidencial de 2016, Donald Trump ha criticado abiertamente a jueces que fallan en contra de sus políticas, calificándolos de “jueces de Obama” o “enemigos políticos”. Sin embargo, el salto cualitativo es notable: hoy no solo los critica, sino que permite —o incluso impulsa— acciones que los colocan en la mira penal.
La American Civil Liberties Union (ACLU) calificó el arresto de la juez Dugan como “una amenaza sin precedentes a la independencia judicial”. En palabras de Anthony Romero, director ejecutivo de la organización, “nunca habíamos visto que un gobierno federal utilizara los mecanismos de aplicación de la ley para intimidar a jueces locales en represalia por sus decisiones.”
Más inquietante aún fueron las declaraciones recientes de Trump en un mitin en Pennsylvania, donde afirmó: “No solo vamos a sacar a los ilegales, también vamos a limpiar a los traidores que tienen papeles y a esos ciudadanos falsos que odian nuestro país.” Aunque no especificó qué acciones tomaría, su discurso sugiere que los objetivos del aparato migratorio podrían ampliarse para incluir a residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses considerados “enemigos” del Estado.
“Estamos viendo una expansión del concepto de enemigo interno, algo que tiene ecos en regímenes autoritarios de otras épocas”, señaló la historiadora Anne Applebaum en entrevista para NPR.
El deterioro de los contrapesos
El sistema constitucional de Estados Unidos se basa en la separación de poderes y en un delicado equilibrio entre las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Cuando una de esas ramas comienza a ignorar abiertamente las decisiones de las otras, la estructura completa corre peligro de colapso.
El arresto de una juez en ejercicio no solo es una afrenta individual: es una advertencia institucional. Cada acto de desafío a una orden judicial, cada intento de criminalizar a quienes defienden los derechos individuales, erosiona la confianza pública en la imparcialidad de las instituciones.
Para Human Rights Watch, el panorama es alarmante. “Estados Unidos, que históricamente ha sido visto como un defensor de los derechos humanos y del Estado de Derecho, corre ahora el riesgo de convertirse en un ejemplo de cómo las democracias pueden deslizarse hacia prácticas autoritarias”, señaló Kenneth Roth, presidente emérito de la organización.
El riesgo no reside únicamente en los abusos individuales, sino en la construcción de un nuevo estándar donde el Ejecutivo actúe sin límites claros y donde la resistencia institucional sea castigada penalmente.
No es alarmismo, es advertencia
Es importante subrayarlo: advertir sobre estos peligros no es caer en teorías conspirativas ni en alarmismo infundado. Es reconocer los signos visibles de una transformación política en marcha.
Cuando jueces son arrestados por cumplir su deber de proteger derechos fundamentales; cuando residentes legales son deportados en violación de la ley; cuando las órdenes de la Suprema Corte son ignoradas por agencias federales; cuando el discurso oficial normaliza la idea de “traidores ciudadanos” —entonces ya no se trata de predicciones hipotéticas, sino de realidades palpables.
Estados Unidos se encuentra en una encrucijada crítica. El resultado dependerá de la capacidad de sus instituciones, medios de comunicación, ciudadanos y líderes locales para resistir el embate y reafirmar los principios que durante generaciones definieron a la nación: la igualdad ante la ley, el respeto al debido proceso y la supremacía de la Constitución.
Ignorar estos hechos sería una grave irresponsabilidad. Señalarlos, documentarlos y resistirlos pacíficamente es, hoy más que nunca, un deber cívico.
