La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó el viernes 19 de abril de 2025 un controvertido proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal que habría facultado a las autoridades locales a detener a personas sospechosas de estar en el país sin documentación legal y entregarlas a agentes federales de inmigración.
La propuesta, conocida como SB1164 o la “Ley ICE de Arizona”, fue impulsada por legisladores republicanos en respuesta al aumento de cruces fronterizos y el endurecimiento del discurso antiinmigrante entre sectores conservadores del país. De haber sido aprobada, habría convertido a Arizona en uno de los pocos estados con leyes propias que respaldan directamente las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida generó críticas inmediatas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de la comunidad migrante, quienes la compararon con la tristemente célebre ley SB1070 de 2010, que dio a los agentes de policía la autoridad de verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida si existía una “sospecha razonable” de que estaba en el país sin autorización.
Un veto con carga simbólica
En un comunicado, la gobernadora Hobbs, demócrata electa en 2022, calificó la legislación como “innecesaria, divisiva y dañina para la economía y la reputación del estado”. Agregó que la medida “criminaliza a comunidades trabajadoras, genera desconfianza hacia las autoridades y desvía recursos de seguridad pública”.
El veto fue celebrado por líderes de comunidades latinas, organizaciones proinmigrantes y legisladores progresistas, quienes advirtieron que el proyecto habría avivado el perfilamiento racial y abierto la puerta a violaciones de derechos humanos.
El contexto nacional y electoral
La decisión de Hobbs se da en medio de un clima político polarizado, donde la inmigración ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con elecciones presidenciales en noviembre, estados fronterizos como Arizona, Texas y Nuevo México están en el centro del discurso político.
El presidente Donald Trump ha intensificado su retórica antiinmigrante, implementando redadas masivas y una “deportación a gran escala” desde su regreso al poder. En contraste, sectores progresistas y defensores de los derechos humanos critican estas medidas por su impacto en las comunidades migrantes y por posibles violaciones a los derechos civiles.
En este contexto, la gobernadora Hobbs busca mantener una posición moderada que le permita ganar apoyo entre votantes latinos e independientes, clave para cualquier aspiración demócrata en Arizona.
Arizona y su relación con las políticas migratorias
Arizona ha sido históricamente uno de los estados con las posturas más duras en materia migratoria. La SB1070 —aprobada en 2010 bajo el mandato del entonces gobernador Jan Brewer— provocó un boicot nacional, protestas multitudinarias y múltiples demandas por discriminación racial.
Aunque partes de esa ley fueron anuladas por la Corte Suprema en 2012, su impacto se mantuvo durante años, alimentando un clima de miedo y desconfianza entre comunidades migrantes.
La SB1164, aunque distinta en su formulación, fue vista como un intento de revivir esa política de mano dura, esta vez bajo un enfoque “de colaboración federal”, es decir, alinearse con agencias como ICE para detener y deportar a personas sin estatus legal.
Reacciones encontradas
Mientras sectores progresistas celebran el veto como una defensa de los derechos civiles, líderes republicanos locales expresaron su decepción, acusando a Hobbs de “dar la espalda a la ley y el orden”.
El senador estatal republicano John Kavanagh, principal impulsor de la ley, afirmó que la gobernadora “antepuso la ideología a la seguridad de los ciudadanos”. A su juicio, el veto ignora el “sentir de miles de arizonenses preocupados por la inseguridad derivada de la inmigración ilegal”.
Por su parte, el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, advirtió que leyes como la SB1164 “ponen a los policías en la difícil posición de convertirse en agentes migratorios, lo cual no es su función y erosiona la confianza con las comunidades”.
Impacto en la comunidad latina
Arizona tiene una población latina que representa más del 30% de su total demográfico, según datos del Censo de EE.UU. para 2023. Gran parte de esta comunidad tiene raíces migrantes y ha sido históricamente blanco de políticas restrictivas.
Organizaciones como Puente Arizona y Mi Familia Vota han reiterado que medidas como la SB1164 generan temor innecesario, afectan la denuncia de delitos por parte de migrantes y promueven la discriminación.
“El veto es una victoria para las familias trabajadoras, para quienes viven con miedo todos los días. No se trata de política, se trata de humanidad”, afirmó Alejandra Gómez, directora ejecutiva de LUCHA Arizona.
¿Qué sigue?
Es probable que los legisladores republicanos intenten reintroducir la medida con ajustes o buscar formas legales de desafiar el veto. En paralelo, el tema migratorio seguirá siendo una pieza clave en la narrativa política, especialmente en estados bisagra como Arizona.
Mientras tanto, el veto de Hobbs marca una línea clara en el debate: un rechazo a que las fuerzas policiales locales asuman funciones migratorias, y un intento de proteger la relación entre autoridades estatales y comunidades vulnerables.
Aunque el futuro político de la medida es incierto, el mensaje enviado por la oficina de la gobernadora es contundente: en Arizona no se repetirán errores del pasado.
