Esta semana agentes federales y estatales ejecutaron una redada masiva en una obra de construcción ubicada cerca de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Más de 100 trabajadores indocumentados —originarios de países como México, Honduras, Colombia, El Salvador y Nicaragua— fueron detenidos en plena jornada laboral .
La escena no es nueva. Camiones de ICE bloqueando accesos. Hombres esposados bajo el sol. Oficiales armados como si se tratara de un operativo contra el crimen organizado. Pero esta vez, el único “delito” era trabajar.
La acción fue parte de una serie de operativos intensificados bajo la administración Trump, en lo que sus partidarios describen como un esfuerzo por “restaurar el orden migratorio”. Pero para organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Coalición de Inmigrantes de Florida, se trata de un nuevo capítulo en una estrategia que utiliza el miedo como herramienta política .
Más que una redada
Aunque este operativo ocurrió en Florida, la lógica que lo respalda ha cruzado fronteras estatales y administrativas. En las últimas semanas, también se han documentado detenciones en tribunales migratorios, donde solicitantes de asilo son interceptados por agentes de ICE antes de que puedan presentar su caso ante un juez .
Este patrón se ha visto respaldado por leyes como la Laken Riley Act, aprobada recientemente por el Congreso y firmada por el presidente Trump el 29 de enero de 2025. Esta legislación obliga al Departamento de Seguridad Nacional a detener a inmigrantes indocumentados arrestados por delitos como robo, asalto o cualquier crimen que cause lesiones graves o muerte, incluso si aún no han sido condenados .
El problema, denuncian activistas, es que estas leyes no hacen distinción entre personas con antecedentes graves y quienes tienen infracciones menores o ni siquiera antecedentes. La detención se vuelve automática, y con ella, la deportación.
¿Quién sostiene a Estados Unidos?
En la obra de Florida, la mayoría de los detenidos llevaba años trabajando. Muchos estaban pagando impuestos mediante ITIN, alquilaban viviendas, enviaban remesas a sus países y contribuían a la economía local. Pero todo eso se borró con un operativo.
“La narrativa oficial siempre habla de aplicar la ley, pero ignora que estas personas son parte esencial del sistema económico. Sin ellos, no se levantan los edificios, no se cosecha la fruta, no se limpia la oficina”, señala Elena Varela, abogada de inmigración en Miami.
Las estadísticas la respaldan: en 2023, el 29% de todos los trabajadores empleados en la construcción eran inmigrantes, con un total de casi 3,3 millones de extranjeros . En estados como Texas y California, ese porcentaje puede ser aún mayor .
Política antes que justicia
A pocas semanas de que arranque oficialmente la campaña presidencial, estos operativos parecen más una señal electoral que una estrategia de seguridad. La narrativa de “frontera caótica” ha sido explotada reiteradamente por el expresidente Trump como plataforma política.
Sin embargo, los efectos son tangibles. Niños que se quedan sin padres. Familias divididas. Comunidades enteras que viven bajo la amenaza constante de una redada en su lugar de trabajo, escuela o corte.
Y todo esto en un país fundado —irónicamente— por inmigrantes.
Lo que está en juego
Lo ocurrido en Florida no es un incidente aislado. Es un síntoma de un modelo migratorio que ha sido incapaz de evolucionar. Uno que sigue criminalizando la necesidad de migrar, ignorando los aportes, las historias y la humanidad de quienes solo buscan trabajar y vivir en paz.
En tiempos donde el discurso se endurece, El Pulso Latino seguirá haciendo lo que muchos no: señalar lo que no se quiere ver y contar lo que otros callan.
Porque no, trabajar no es un crimen. Y porque la dignidad no tiene papeles.
