Este domingo 1 de junio, México celebra unas elecciones inéditas en su historia política y judicial. Más de 2,600 jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, incluyendo a los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También están en juego los puestos de magistrados electorales regionales, jueces de distrito y circuitos federales, y los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Es la primera vez que un país de América Latina somete su estructura judicial a una elección directa de esta magnitud.
La iniciativa surgió durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su plan de reforma al Poder Judicial. Su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido el proceso como un paso hacia la democratización de las instituciones judiciales. Sin embargo, este ambicioso intento ha levantado una ola de críticas que van desde la improvisación y desinformación hasta las preocupaciones por los perfiles de varios candidatos. Muchos analistas advierten que, lejos de fortalecer la justicia, esta elección podría poner en riesgo su autonomía y funcionalidad.
En las calles, la confusión ha sido evidente. Las boletas de votación, de más de 10 páginas, fueron distribuidas con poco tiempo de antelación. La mayoría de los ciudadanos no conoce a los aspirantes ni entiende con claridad los criterios para elegir a jueces o magistrados. El Instituto Nacional Electoral ha reconocido que no tuvo tiempo suficiente para preparar una campaña informativa eficaz, y la falta de espacios de análisis ha provocado que muchos votantes emitan su sufragio sin tener una idea real de a quién están eligiendo.
A esto se suma una preocupación de fondo: la presencia de candidatos con antecedentes penales, denuncias por violencia y vínculos con el narcotráfico. Estos casos no son aislados ni rumores infundados; varios medios nacionales e internacionales han documentado perfiles que comprometen la integridad del proceso.
Uno de los casos más polémicos es el de Silvia Delgado, quien fue abogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante los primeros años de su proceso legal en México. Aunque legalmente no hay impedimento para que una persona con esta trayectoria se postule, su vínculo directo con uno de los líderes del narcotráfico más peligrosos del país ha despertado inquietud entre juristas y ciudadanos. Delgado asegura que su trabajo fue estrictamente legal y dentro del marco del derecho a la defensa, pero muchos temen que una figura con ese pasado pueda influir en futuras decisiones judiciales con intereses no tan claros. Su candidatura representa uno de los dilemas más complejos de este proceso: ¿debe pesar más la experiencia o la percepción pública?
Otro perfil inquietante es el de Fernando Escamilla, quien fue abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como “Z-40”, exlíder del sanguinario grupo criminal Los Zetas. A diferencia de Delgado, Escamilla ha mantenido un bajo perfil, sin dar entrevistas ni participar en foros. Sin embargo, documentos judiciales confirman su relación directa con la defensa de Treviño, lo que ha generado suspicacias sobre sus motivaciones. Críticos de su postulación señalan que más allá de su derecho a ejercer como abogado, no ha existido una evaluación ética ni de idoneidad profesional para ocupar un cargo que exige máxima imparcialidad.
El caso de Leopoldo Chávez ha sorprendido incluso a organismos internacionales. Chávez fue condenado en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas en 2015 y cumplió una sentencia de casi seis años antes de regresar a México. Su candidatura ha sido respaldada por el argumento de la “reinserción social” y el “derecho a una segunda oportunidad”. Sin embargo, especialistas en derecho cuestionan cómo una persona con antecedentes penales por delitos graves puede aspirar a aplicar la ley. En entrevistas recientes, Chávez ha insistido en que su experiencia le otorga una visión más humana del sistema penal, pero muchos consideran que su postulación pone en entredicho la seriedad de la elección.
A nivel estatal, el caso de Francisco Hernández también ha encendido alarmas. Hernández aspira a convertirse en magistrado penal en el estado de Jalisco, a pesar de haber sido destituido previamente por el Consejo de la Judicatura Federal debido a investigaciones internas que revelaron actos de corrupción, abuso de poder y presunto acoso sexual a funcionarias. Aunque no fue sentenciado penalmente, la resolución administrativa fue suficientemente grave como para separarlo del cargo. Ahora, su regreso a la contienda ha provocado que organizaciones feministas y civiles emitan comunicados exigiendo su inhabilitación inmediata.
En la Ciudad de México, otro nombre que ha llamado la atención es el de Luis Castañeda. Su historial incluye 36 denuncias por acoso sexual, documentadas por diversas trabajadoras del sistema judicial, además de una detención en 2019 por homicidio culposo tras un accidente vial en el que murió un motociclista. Aunque los cargos penales no prosperaron, las denuncias administrativas siguen abiertas. Castañeda ha calificado las acusaciones como parte de una “guerra sucia” en su contra, pero su candidatura ha provocado indignación entre colectivos feministas que acusan al sistema de permitir la participación de agresores en cargos de poder.
En Puebla, Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, quien busca un cargo como magistrado, ha sido señalado por una denuncia de abuso sexual interpuesta por una funcionaria del Poder Judicial. A pesar de la gravedad de la acusación, y de que la investigación sigue en curso, su candidatura no fue suspendida ni revisada. El caso refleja la falta de mecanismos de evaluación y seguimiento dentro del nuevo modelo de elección, donde la reputación y la ética parecen haber quedado en segundo plano frente a la libre postulación.
La presencia de estos perfiles ha sido aprovechada por partidos de oposición como el PAN y Movimiento Ciudadano para cuestionar la legitimidad de todo el proceso. Líderes políticos han acusado al gobierno de Morena de utilizar esta reforma como un mecanismo para controlar al Poder Judicial desde el Ejecutivo, disfrazando de democracia un modelo vertical de poder. Las críticas no se han quedado solo en el discurso: varias organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas llamando al boicot o abstención, argumentando que esta elección no representa una mejora sino un retroceso institucional.
A todo esto se suma la apatía ciudadana. Una encuesta publicada esta semana por el diario Reforma reveló que solo el 37% de los votantes planeaba acudir a las urnas. La falta de información, la complejidad de las boletas y la sensación de que “todos los candidatos son lo mismo” han provocado que buena parte de la población decida no participar. Para muchos mexicanos, el sistema judicial sigue siendo lejano, opaco y carente de confianza.
Los resultados preliminares de esta elección histórica se esperan para el 15 de junio. Lo que suceda después podría marcar un antes y un después en la justicia mexicana. Las autoridades ya anticipan una avalancha de impugnaciones y controversias, particularmente en distritos con baja participación o candidatos con antecedentes cuestionables.
Hoy, México se encuentra en una encrucijada: ¿será esta elección un primer paso hacia una justicia más cercana al pueblo o un experimento peligroso que termine por debilitar aún más las instituciones?
