Una coalición de doce estados de EE. UU. presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, desafiando la legalidad de los aranceles recientemente implementados. La demanda, presentada por los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont, sostiene que el presidente carece de la autoridad legal para imponer estos aranceles, que han afectado a docenas de países.
Aunque Trump inició una pausa de 90 días para permitir negociaciones, los estados argumentan que los aranceles ya han causado daños económicos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que los aranceles han aumentado significativamente los costos para los consumidores y han desencadenado una inestabilidad económica a nivel nacional.
La demanda busca una orden judicial que bloquee la aplicación de los aranceles, afirmando que solo el Congreso tiene el poder de imponerlos y que el presidente solo puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional cuando una emergencia presenta una “amenaza inusual y extraordinaria” desde el extranjero.
Impacto económico y legal
Los fiscales generales argumentan que las órdenes ejecutivas que permiten al presidente aumentar unilateralmente los aranceles sin aprobación del Congreso son ilegales. La demanda se opone a impuestos del 145% sobre productos chinos, del 25% sobre bienes procedentes de Canadá y México, y del 10% sobre importaciones globales, además de planes para aumentar tarifas a productos de 46 países a partir del 9 de julio.
Los fiscales afirman que estas medidas afectarán negativamente a sus estados, causando inflación y costos adicionales para los ciudadanos, respaldados por estudios que atribuyen el 95% del impacto de tarifas anteriores a los consumidores estadounidenses. La demanda también alerta sobre las consecuencias económicas según la Reserva Federal y el FMI.
Reacciones y próximos pasos
El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó el esquema de aranceles de Trump como “insano y económicamente imprudente”. Por su parte, el fiscal general de Connecticut, William Tong, afirmó que “los aranceles caóticos e ilegales de Trump son un enorme impuesto para las familias de Connecticut y un desastre para las empresas y empleos del estado”.
La administración Trump defiende los aranceles como necesarios para combatir una crisis económica nacional. Sin embargo, expertos legales sugieren que la justificación de Trump puede ser legalmente vulnerable.
Se espera que la batalla legal se extienda más allá de la pausa de 90 días que Trump impuso a muchos aranceles, con fallos finales que podrían tardar años en llegar.
