La Universidad de Harvard continúa adelante con su demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, en un caso que podría redefinir los límites de la intervención del poder ejecutivo sobre las instituciones educativas del país.
La acción legal, presentada el 21 de abril de 2025, acusa al gobierno de Trump de congelar más de 2,200 millones de dólares en fondos federales como represalia por la negativa de Harvard a acatar una serie de condiciones impuestas por el recién creado Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo. Las exigencias incluían la eliminación de programas de diversidad, la vigilancia ideológica de estudiantes internacionales y reportes obligatorios sobre incidentes relacionados con antisemitismo.
Una defensa constitucional
Harvard sostiene que dichas condiciones violan la Primera Enmienda de la Constitución, al coaccionar a la universidad para adoptar posturas alineadas con los intereses políticos del gobierno. “Estas acciones representan un intento inaceptable de condicionar el pensamiento libre mediante el control financiero”, declaró Alan Garber, presidente interino de la universidad.
La demanda fue presentada en el tribunal federal de Massachusetts, y apunta directamente a funcionarios de alto rango de la actual administración. Entre ellos se encuentran Robert F. Kennedy Jr., quien lidera el grupo de trabajo presidencial, y Linda McMahon, asesora en temas de educación y cultura.
Para reforzar su defensa, Harvard contrató a un equipo legal con figuras cercanas al Partido Republicano, incluyendo a William Burck, exabogado de la Casa Blanca bajo George W. Bush, y a Robert K. Hur, fiscal especial en casos de alto perfil.
Apoyo del sector académico
La postura de Harvard ha recibido un amplio respaldo en el ámbito académico. Más de 150 presidentes de universidades estadounidenses firmaron una carta conjunta expresando preocupación por la creciente interferencia del gobierno federal en los asuntos internos de las instituciones educativas.
“La libertad académica es un pilar de nuestra democracia. Permitir que los fondos públicos se utilicen como herramienta de control ideológico pone en riesgo ese principio fundamental”, señala la misiva publicada por la Asociación Estadounidense de Universidades.
Rectores de instituciones como Princeton, Columbia, Stanford y UCLA también han expresado públicamente su solidaridad con Harvard.
Posición del gobierno
Desde la Casa Blanca, el presidente Trump defendió la decisión de congelar los fondos, señalando que “ninguna universidad está por encima de la ley” y que las instituciones que reciben dinero federal deben “alinearse con los valores del país”.
En una rueda de prensa reciente, el portavoz presidencial justificó las medidas bajo el argumento de que “el antisemitismo no puede tolerarse, venga de donde venga, y eso incluye a los campus universitarios”. Agregó que el gobierno continuará revisando los criterios de asignación de fondos a todas las universidades que “no cumplan con los estándares de transparencia, seguridad y neutralidad ideológica”.
Lo que está en juego
Los fondos congelados representan aproximadamente el 70% del presupuesto de investigación activa en Harvard. Más de 400 proyectos están en riesgo, entre ellos investigaciones sobre cáncer, Alzheimer, enfermedades infecciosas y desarrollo tecnológico en salud pública.
Además del impacto científico, la medida podría afectar becas de posgrado, intercambios internacionales y colaboraciones académicas con centros de investigación en Europa, Asia y América Latina.
Harvard advirtió que, de mantenerse el congelamiento, podría haber despidos en áreas clave de su comunidad científica.
Próximos pasos
La audiencia inicial está programada para mediados de mayo. Los expertos anticipan que, debido a la dimensión constitucional del caso, es probable que escale hasta la Corte Suprema.
“El corazón de este conflicto no es un tema partidista, sino una prueba del equilibrio entre poder ejecutivo y autonomía académica”, declaró uno de los abogados de Harvard.
De momento, la universidad no ha mostrado señales de querer suavizar su posición. Por el contrario, ha intensificado su comunicación con aliados académicos y organizaciones de derechos civiles en todo el país, reforzando la narrativa de que la defensa de la libertad universitaria no es negociable.
