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El negocio de las cárceles migratorias: donaciones políticas y contratos millonarios

WASHINGTON, D. C. — Las empresas privadas que participan en el sistema de detención migratoria de Estados Unidos mantienen importantes contratos con el gobierno federal. Dos de las principales compañías del sector, GEO Group y CoreCivic, han recibido contratos relacionados con la custodia de inmigrantes y realizado aportaciones a fondos políticos vinculados con el presidente Donald Trump.

Ambas empresas contribuyeron con 500,000 dólares cada una al fondo inaugural de Trump, según registros de financiamiento político citados por The Washington Post. Por separado, GEO Reentry Services LLC, subsidiaria de GEO Group, aportó 1.413 millones de dólares a MAGA Inc. durante julio de 2026: un millón el 16 de julio y 413,000 dólares el 31 de julio, de acuerdo con registros electorales federales.

Las aportaciones coincidieron con la expansión del negocio de detención migratoria. GEO Group anunció dos contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según sus estimaciones, generarían aproximadamente 165 millones de dólares anuales combinados durante su primer año completo de operación. La cifra es una proyección de ingresos, no un monto ya pagado.

Una investigación de The Washington Post documentó que GEO Group solicitó cambios a normas federales aplicables a centros migratorios. Algunas modificaciones aparecieron posteriormente en reglas revisadas por ICE, aunque las autoridades indicaron que consultaron a distintos participantes del sector.

Las aportaciones políticas y la adjudicación de contratos no constituyen, por sí solas, pruebas de corrupción ni de intercambio de favores. No obstante, la combinación de contratos federales, contribuciones políticas y participación empresarial en debates regulatorios ha provocado cuestionamientos sobre la supervisión de esta industria.

Para las comunidades inmigrantes, las decisiones sobre contratos, supervisión y condiciones de detención afectan directamente a las personas que permanecen bajo custodia federal mientras se resuelven sus procedimientos migratorios.

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