BOSTON, Massachusetts. — Un juez federal bloqueó el procedimiento utilizado por la administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 1.8 millones de dólares a inmigrantes que permanecieron en Estados Unidos después de recibir una orden definitiva de deportación. La decisión representa un revés para una de las medidas económicas más severas de la política migratoria del gobierno.
El juez George O’Toole, del Tribunal Federal de Distrito en Massachusetts, determinó el 5 de octubre que las autoridades impusieron sanciones sin cumplir los requisitos legales. La resolución responde a una demanda colectiva presentada por inmigrantes afectados.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional había emitido más de 103,000 multas por aproximadamente $84,000 millones, según cifras oficiales citadas por Reuters. Se trata de sanciones emitidas, no de dinero efectivamente recaudado. Las multas podían alcanzar los 998 dólares diarios y aplicarse retroactivamente durante un periodo de hasta cinco años.
El tribunal cuestionó los avisos de sanción porque no explicaban suficientemente las circunstancias individuales de cada caso. También determinó que el gobierno modificó el procedimiento para imponer las multas sin permitir la participación pública requerida por la legislación administrativa.
La decisión bloquea el procedimiento impugnado, pero no elimina la autoridad legal para imponer determinadas sanciones migratorias. Su aplicación a cada persona dependerá del alcance de la resolución y de las actuaciones posteriores en el litigio.
El fallo reabre el debate sobre el uso de sanciones económicas contra inmigrantes que ya enfrentan órdenes de deportación.
