La deportación de un niño de seis años con discapacidad auditiva ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos después de que el menor fuera separado de sus audífonos durante un proceso migratorio en Estados Unidos.
El caso ocurrió cuando el niño, su madre y su hermano acudieron el 3 de marzo de 2026 a una cita con autoridades migratorias en San Francisco, California, como parte del programa de supervisión conocido como Intensive Supervision Appearance Program (ISAP). Durante esa visita, agentes migratorios detuvieron a la familia para ejecutar una orden de deportación emitida previamente por un juez.
Durante el procedimiento, el menor fue separado de sus audífonos, un dispositivo esencial para su comunicación debido a su discapacidad auditiva. Organizaciones de derechos humanos señalaron que retirar este tipo de dispositivos a un menor puede dejarlo sin la capacidad de comprender lo que ocurre a su alrededor.
Días después de la detención, las autoridades ejecutaron la orden final de deportación emitida en noviembre de 2024 y trasladaron a la madre y a sus dos hijos a Colombia, país de origen de la familia, que residía en la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
El caso generó críticas de activistas y legisladores que cuestionaron el trato dado al menor durante el proceso migratorio. Posteriormente, colaboradores de un congresista estadounidense viajaron a Colombia para entregar los audífonos al niño tras su llegada al país.
El caso también ha reabierto el debate sobre los protocolos que deben aplicarse cuando menores con discapacidades son detenidos por autoridades migratorias. Organizaciones de derechos civiles han señalado que los niños con necesidades especiales requieren salvaguardas adicionales durante procesos de detención o deportación para garantizar su bienestar y su capacidad de comunicación.
En Estados Unidos, miles de menores migrantes pasan cada año por procedimientos de detención o deportación junto con sus familias, lo que ha llevado a legisladores y defensores de derechos humanos a pedir revisiones más estrictas de los protocolos aplicados en estos casos.
