La administración del presidente Donald Trump evalúa una posible orden ejecutiva que exigiría a las instituciones financieras recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes, tanto nuevos como existentes, según reportes de The Washington Post y Reuters.
De concretarse, la medida implicaría un cambio significativo en las reglas actuales del sistema financiero. Hoy, los bancos aplican protocolos de verificación de identidad bajo normas federales contra el lavado de dinero, pero no están obligados a confirmar la ciudadanía estadounidense de quienes abren o mantienen cuentas.
El requisito adicional obligaría a las instituciones a ajustar procesos internos y sistemas tecnológicos para solicitar documentación como pasaportes u otros comprobantes de estatus. Analistas del sector financiero advierten que la implementación tendría costos operativos elevados y podría generar incertidumbre regulatoria mientras se definen los alcances exactos de la norma.
El debate trasciende el ámbito bancario. Millones de personas utilizan cuentas mediante un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) emitido por el Servicio de Impuestos Internos.
Según datos del IRS citados por el National Immigration Law Center, más de 5.8 millones de ITIN estaban activos a finales de 2022. Desde la creación del programa en 1996, el gobierno federal ha emitido más de 26 millones de estos números fiscales.
El ITIN permite a personas sin número de Seguro Social presentar declaraciones de impuestos y participar en la economía formal. Sin embargo, un eventual requisito de verificación de ciudadanía podría modificar las condiciones de acceso al sistema bancario para parte de ese grupo.
Especialistas en migración señalan que un cambio normativo podría limitar el acceso a servicios financieros formales, incluso para personas que cumplen con obligaciones fiscales. Organizaciones comunitarias advierten que restringir ese acceso podría empujar a familias hacia esquemas informales, con mayores riesgos de fraude y abuso.
La posible medida se enmarca en una agenda migratoria más amplia impulsada por la Casa Blanca. En meses recientes, la administración ha fortalecido mecanismos de cooperación interinstitucional en materia de control migratorio. Aliados del presidente sostienen que recopilar información sobre ciudadanía reforzaría el cumplimiento de la ley. Legisladores demócratas anticipan que cualquier orden ejecutiva enfrentaría impugnaciones legales inmediatas.
El tema también abre interrogantes sobre privacidad financiera. La legislación federal limita cómo las instituciones pueden compartir información personal con el gobierno sin procesos judiciales formales. Expertos en derecho financiero señalan que cualquier modificación requeriría ajustes regulatorios complejos para evitar conflictos con normas de protección de datos.
Hasta ahora, la administración no ha confirmado si la propuesta avanzará ni ha detallado cómo se utilizaría la información recopilada. Tampoco existe un calendario oficial.
