Más de 500 personas fueron arrestadas esta semana en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el condado de Los Ángeles, con apoyo de más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 integrantes de las fuerzas armadas.
A nivel nacional, el gobierno federal ha confirmado más de 32,000 arrestos de inmigrantes indocumentados desde enero de 2025, como parte de un plan que contempla hasta 3,000 detenciones diarias en todo el país.
En Los Ángeles, los operativos iniciaron el 6 de junio y se han concentrado en vecindarios con alta población latina como Boyle Heights, East L.A., Huntington Park y South Gate. Organizaciones comunitarias reportaron que las detenciones ocurrieron en viviendas, paradas de autobús y centros de trabajo, y en varios casos sin que se presentaran órdenes judiciales.
Autoridades implementan medidas de seguridad
Derivado del clima de tensión, autoridades locales activaron toques de queda nocturnos en zonas con mayor número de operativos. También se registraron bloqueos en vialidades principales como la autopista I‑10 y la avenida César Chávez.
Durante las manifestaciones se reportaron al menos 575 personas detenidas y el uso de gases lacrimógenos por parte de cuerpos de seguridad en al menos dos intersecciones.
Redes comunitarias organizan asistencia legal
Organizaciones civiles reactivaron líneas de ayuda como MigraWatch, distribuyeron guías legales en español e inglés, y abrieron centros de asesoría jurídica gratuita en iglesias y centros comunitarios.
“La comunidad está respondiendo con organización. Estamos coordinando alertas y atención inmediata para quienes han sido detenidos”, señaló un vocero de la Community Self-Defense Coalition.
Reacciones oficiales y contexto político
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó los operativos como una “medida desproporcionada” y aseguró que su administración no colaborará con la persecución de residentes inocentes. En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones, argumentando que se dirigen exclusivamente a personas con órdenes de deportación vigentes.
Diversos especialistas en migración han señalado previamente que este tipo de despliegues tienden a intensificarse en años electorales. Según Patricia Leal, investigadora de la Universidad de California, “las redadas envían un mensaje político. Su intensidad suele responder más a momentos de presión pública que a criterios migratorios consistentes”.
